p. 428 Para que se dé una auténtica deliberación pública es preciso, en primer lugar, que esa deliberación esté delimitada, pues, en general, una deliberación es posible si se trata de una deliberación delimitada: si todo es objeto de deliberación, la deliberación misma resulta imposible. Para constituir una auténtica deliberación colectiva, el debate público ha de mantenerse entre dos límites: el representado por todo aquello que es aceptado unánimemente por los deliberantes –todo lo que no está sometido a la deliberación–, y el representado por la conciencia de estar formando una misma comunidad y por la intención de preservarla[Helmut KUHN, El Estado. Una exposición filosófica, Rialp, Madrid, 1979, p.144]. Esto último es condición para que el problema que es objeto de debate –lo que se somete a deliberación– esté siendo tratado verdaderamente como un problema común, para el que se busca en común una solución común. De lo contrario, lo que se desarrolla no es una auténtica deliberación, sino sólo una mera negociación estratégica.

Un proceder meramente estratégico no encierra lo que una auténtica deliberación supone necesariamente: el trascender, mediante el diálogo común, el propio y particular punto de vista. Una auténtica deliberación constituye una búsqueda dialógica de una perspectiva común, desde la que resulte posible obtener una percepción o definición común del problema planteado, y formular, así, una respuesta también común para dicho problema. Partiendo de sus respectivos puntos de vista particulares, los participantes en la deliberación intentan ascender, mediante la consideración de los diferentes puntos de vista que se hacen presentes en el diálogo, hasta lograr adoptar un punto de vista compartido, en el que se encuentren integrados los diversos puntos de vista particulares, según la mayor o menor relevancia que éstos tengan respecto del problema en cuestión. Ese punto de vista compartido es el que –frente a la cuestión en debate– está representado por la condición o identidad común de quienes participan en la deliberación. La deliberación común o pública se desarrolla y conduce precisamente como apelación a esa condición o identidad común. El esfuerzo de los deliberantes consiste en trascender sus respectivas condiciones particulares, y –por decirlo así– situarse o instalarse en la condición que pueda ser común a todos ellos, para descubrir así la percepción que se obtiene del problema cuando éste es contemplado con la perspectiva que abre esa condición común.

[Sobre la relatividad total no cabe diálogo]

Una decisión colectiva sólo es válida si entre los miembros de esa colectividad se da una cierta homogeneidad respecto de aquello sobre lo que se decide, porque esta aproximada homogeneidad es lo que permite que el asunto sobre el que se decide signifique algo semejante para todos, tenga una relevancia más o menos equivalente para cada uno de los miembros de esa colectividad. Cuando la situación de unos y otros frente a la materia de la decisión es profundamente heterogénea, unos y otros no están, en verdad, hablando y decidiendo sobre lo mismo: no hay auténtica decisión común porque aquello sobre lo que se decide no posee un significado común. En estas condiciones, tomar una decisión colectiva      –mediante una votación, por ejemplo– no pasa de ser una imposición de las voluntades privadas de unos sobre las de otros. Por el contrario, la deliberación se dirige al establecimiento de esa homogeneidad de los decisores, mediante la instalación de todos ellos –en cuanto decisores– en la condición común que puedan poseer. La decisión colectiva será válida   –será una decisión común– si recae sobre el asunto en cuestión, una vez que éste haya sido definido en los términos que le correspondan por relación a esa condición común, es decir, una vez que ese asunto haya sido tomado en su significación común. La decisión será una decisión común cuando recaiga sobre un problema que consiste verdaderamente en un problema común.

p.430 El debate parlamentario constituye una auténtica deliberación si dicho debate consiste en la comparecencia de los diversos puntos de vista que caben entre quienes comparten una condición o identidad política común. Esta condición común –la apelación a ella– sirve de guía y medida para la tarea de trascender dialógicamente el punto de vista particular, desde el que cada uno arranca en el debate. Sin una condición común a la que apelar, y que represente un punto de vista compartible al que todos han de acercarse progresivamente, no es posible una verdadera deliberación. No existe, efectivamente, deliberación en el parlamento cuando la actividad parlamentaria se reduce a la exposición sucesiva de las diversas visiones particulares acerca de un problema, y a la resolución de esas diferencias mediante el recurso inmediato a la votación. En este caso, el recurso a la votación –a un procedimiento cuantitativo– no sirve para cerrar finalmente y a tiempo una deliberación a lo largo de la cual las divergencias se han ido reduciendo, los puntos de vista particulares han sido trascendidos considerablemente, y el problema ha quedado definido en términos progresivamente comunes. En este caso, el recurso a la votación sirve, en verdad, para eludir la deliberación, y permitir así que un punto de vista particular –sin necesidad de ser trascendido, y por una razón meramente aritmética– se haga hegemónico y se imponga sobre los demás.