p. 38 El uso sistemático de este lenguaje (de los derechos) supone pensar que nuestras controversias, por consistir sólo en conflictos de derechos, no están afectando a la configuración pública de nuestra sociedad; que los fines y bienes colectivos no están implicados en esas controversias. Pero es una evidente ceguera suponer que la determinación de los derechos no altera y es independiente del contenido que define públicamente a la polis. A través de ampliaciones, declaraciones y creaciones de derechos, estamos modificando la identidad colectiva pública, llevando a cabo, por tanto, una verdadera tarea política mediante procedimientos e instituciones que no son adecuados ni competentes para esa tarea: instituciones y procedimientos jurídicos, no políticos.

p.39 (...) Cada vez es más frecuente y patente que cuando se reivindica algo como un derecho, lo que se está queriendo decir es que esa reivindicación no necesita ser justificada mediante su sometimiento al debate público, que versa sobre bienes colectivos. Que esa exigencia ha de quedar sustraída del debate público y eximida de justificación es precisamente lo que está indicando el término "derecho" aplicado a ella.

Por el contrario, un planteamiento verdaderamente político nos descubre que una reivindicación particular se convierte en derecho, es decir, adquiere reconocimiento público, en virtud de su conexión con el bien común: si es expresión o condición de ese bien. Esto implica que la pretensión de que algo sea un derecho exige necesariamente el empeñarse en la tarea discursiva –deliberación común– de encontrar el bien común de la propia sociedad, para lo cual se requiere trascender el interés particular. Por lo tanto, la reclamación de un derecho ha de venir precedida por una búsqueda generosa del bien común, que sirva de mediación para la justificación y determinación en firme de ese pretendido derecho. No cabe justicia en la defensa de lo propio si no va acompañada de virtud cívica en el cuidado de lo común.