La prevaricación judicial reviste una especial gravedad por varios motivos: primero por la acusada dimensión pública del juez, ante cuya resolución se han de someter tanto los particulares como los gobernantes de la comunidad; segundo, por la situación de quebranto en la que previamente suelen encontrarse los que acuden a juicio; en tercer lugar, por la confianza que han de inspirar los jueces, mucho más que cualquier otro funcionario, en orden a asegurar el respeto del derecho; en cuarto lugar, porque el carácter público de sus resoluciones hace que el condenado sea injustamente despreciado por el resto de la comunidad, que presume justa la sentencia; y quinto, por la misma aflicción de la condena impuesta injustamente, que hará tanto más grave la prevaricación cuanto más aflictiva sea la sanción.